Durante las últimas dos décadas, la Corte Suprema de EE. UU. ha ido debilitando poco a poco la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros (ATS), una ley clave de derechos humanos que permite a personas extranjeras demandar ante tribunales civiles a personas o entidades por los daños causados por violaciones del derecho internacional. El reciente fallo de la corte en Cisco Systems, Inc. v. Doe I le dio a la ley el golpe final: a menos que el Congreso apruebe una nueva ley, cierra para siempre la posibilidad de que los demandantes usen esta ley para responsabilizar a las empresas tecnológicas por ser cómplices de abusos contra los derechos humanos. La EFF presentó varios escritos de amicus curiae en el caso, el más reciente ante la Corte Suprema.

La Corte Suprema rechazó nuevas acciones judiciales bajo la ATS

La ATS fue aprobada por el primerísimo Congreso en 1789 y, en apenas unas pocas palabras, da a los tribunales federales de EE. UU. competencia para conocer demandas civiles presentadas por personas extranjeras contra demandados que violaron “el derecho de gentes o un tratado de los Estados Unidos”. Desde hace mucho tiempo existe la duda de qué cuenta como una demanda civil válida bajo “el derecho de gentes”.

En Sosa v. Alvarez-Machain (2004), la Corte Suprema había señalado tres reclamos históricos de derecho internacional que el Primer Congreso probablemente tenía en mente: la violación de salvoconductos, la violación de los derechos de los embajadores y la piratería, conocidos en conjunto como las tres de Blackstone.

La corte en Sosa también determinó que los tribunales federales pueden reconocer otras acciones judiciales de fondo bajo la ATS si reflejan normas internacionales “específicas, universales y obligatorias”, y afirmó que esta “puerta sigue entreabierta, sujeta a una vigilancia atenta, y por tanto abierta hoy a un grupo reducido de normas internacionales”.

Así, la corte en Sosa reconoció que la ATS podía usarse para presentar reclamos relacionados con violaciones históricas del derecho internacional, y también algunos reclamos más nuevos que reflejan conceptos modernos de derechos humanos.

En Cisco, la Corte Suprema anuló la segunda conclusión de Sosa. La mayoría determinó que el caso actual, el de una empresa tecnológica cómplice de tortura y otros abusos contra los derechos humanos, quedaba fuera del alcance de los tres reclamos originales de la ATS, y que no le correspondía a la corte crear nuevas formas de hacer cumplir el derecho internacional. La corte dijo:

[C]erramos la puerta que Sosa dejó entreabierta a la responsabilidad bajo la ATS creada por los jueces. No alteramos la conclusión de Sosa de que la ATS es una ley de competencia judicial; tampoco revisamos su supuesto de que existen acciones judiciales para los daños que corresponden a las tres de Blackstone. Solo concluimos que Sosa fue demasiado optimista al predecir que podría existir un grupo reducido de casos en los que los tribunales pueden crear acciones bajo la ATS sin invadir las facultades de los poderes políticos. En realidad, ese grupo es un conjunto vacío.

¿Qué resultado tiene esto para este caso? Cisco sostiene que el Noveno Circuito se equivocó al determinar que existe responsabilidad por complicidad bajo la ATS por los daños que alegan los demandantes. Cisco tiene razón. Los tribunales no pueden crear nuevos derechos de acción para reparar violaciones del derecho internacional, así que necesariamente no existe responsabilidad por ser cómplice de esas violaciones. Las demandas de los demandantes contra Cisco bajo la ATS deben desestimarse.

Cisco se libra de responder por ser cómplice de abusos horribles contra los derechos humanos

Que la Corte Suprema haya puesto fin a la demanda contra Cisco es enormemente decepcionante, ya que el caso venía desde 2011 y el Noveno Circuito, en 2023, había permitido que siguiera adelante con una opinión excelente y bien razonada. El Noveno Circuito determinó, en parte:

Concluimos que las alegaciones de los demandantes, tomadas como ciertas, bastan para plantear un reclamo plausible de que Cisco brindó asistencia técnica esencial al douzheng [lucha violenta] contra Falun Gong sabiendo que era sustancialmente probable que ocurrieran violaciones del derecho internacional como tortura, detención arbitraria, desaparición y ejecución extrajudicial. 

Los demandantes acusaron a Cisco por su papel en la construcción y puesta en marcha del “Escudo Dorado”, también conocido como “el Gran Cortafuegos de China”: un enorme sistema de vigilancia que Cisco empezó a construir a fines de los años noventa y que la empresa adaptó para que el gobierno chino pudiera perseguir a minorías mal vistas, entre ellas los miembros de la religión Falun Gong.

Los trece demandantes, practicantes de Falun Gong, denunciaron arrestos, detenciones y torturas, contra ellos mismos y contra familiares, al menos uno de los cuales murió a golpes mientras estaba detenido. Las denuncias eran horribles: a los demandantes los enviaron a campos de trabajo forzado, los golpearon con barras de acero, les dieron descargas con porras eléctricas y sufrieron privación de sueño y alimentación forzada violenta.

Es importante destacar que los demandantes también denunciaron que sus correos electrónicos privados, mensajes de texto y otra información, interceptados por el Escudo Dorado, se compartieron con los lugares donde los torturaban, y que se los mostraron y los usaron como parte de sus sesiones de tortura y de conversión forzada, que incluían amenazas a sus familiares y a otras personas que se habían comunicado con ellos. 

Y ahora, Cisco se libra de responder por todo esto.

El Congreso debe actuar para que las empresas tecnológicas estadounidenses respondan por ser cómplices de abusos contra los derechos humanos

Como argumentamos en nuestro escrito de amicus curiae ante la Corte Suprema, hace falta una ley federal sólida, ya que los mecanismos voluntarios e informales para que las empresas rindan cuentas en materia de derechos humanos no son suficientes.

Los demandantes presentaron su demanda en 2011. Al año siguiente, en 2012, Cisco publicó por primera vez su Política Global de Derechos Humanos. Desde entonces, la empresa nunca ha reparado a los demandantes, a pesar de que su política de derechos humanos vigente dice:

Cuando hayamos identificado que causamos o contribuimos a un impacto negativo en los derechos humanos, nos comprometemos a ofrecer acceso a reparación y a cooperar en ella para las personas, trabajadores y comunidades afectados mediante procesos legítimos.

Además, Associated Press realizó una amplia investigación en 2025, que hace poco ganó el Premio Pulitzer, en la que se detalla aún más cómo Cisco y otras empresas tecnológicas estadounidenses participaron en la creación del estado de vigilancia de China durante las últimas tres décadas. Cuando los periodistas de AP les preguntaron, las empresas rechazaron cualquier idea de que tuvieran obligaciones de derechos humanos y simplemente “dijeron que cumplen con los controles de exportación, leyes y regulaciones aplicables en los lugares donde operan”.

En pocas palabras, el compromiso de Cisco con los derechos humanos es una ficción.

Como la Corte Suprema de EE. UU. en la práctica ha interpretado la ATS hasta hacerla desaparecer, ahora el Congreso tiene que dar un paso al frente. Aunque puede haber otras vías de reparación, incluso bajo las leyes estatales, también debe existir una ley federal integral de derechos humanos que permita a cualquier demandante responsabilizar a las empresas estadounidenses, sobre todo a las tecnológicas, por ser cómplices de abusos contra los derechos humanos, cuando sabían o tenían la intención de que esos abusos ocurrieran, y sin importar si las víctimas sufrieron esos abusos en EE. UU. o en otros países.

Las consecuencias de este vacío en la legislación de derechos humanos de EE. UU. son importantes. Como planteó el profesor Harold Koh:

[L]os jueces deberían preguntarse si otorgar esa inmunidad en Cisco enviaría implícitamente a las empresas estadounidenses la señal de que no se les podría responsabilizar por ayudar al gobierno de EE. UU. a cometer violaciones graves. Esas violaciones podrían incluir construir un sistema de vigilancia masiva que pueda usarse para vigilar, perseguir, tomar represalias contra y castigar a opositores reales o supuestos, y construir sistemas que cometan crímenes de guerra de forma autónoma.

Las empresas estadounidenses no deberían tener vía libre para construir estados de vigilancia (u otros sistemas tecnológicamente sofisticados) que no solo violan la privacidad personal o facilitan la censura, sino que también pueden llevar a violencia física real e incluso a la muerte.