La Oficina del Alguacil del Condado de Marin es la más reciente agencia del orden de California a la que se descubre compartiendo datos de lectores automáticos de placas vehiculares (ALPR, por sus siglas en inglés) de su sistema Flock Safety con agencias de otros estados y con agencias federales. La EFF y la ACLU del norte de California la denuncian por esta violación directa de la ley californiana, que ha puesto en riesgo a todos los conductores del condado y resulta especialmente peligrosa para las personas inmigrantes, las que buscan abortar y otros blancos del gobierno federal.

Hoy enviamos a la Oficina del Alguacil del Condado de Marin (MCSO) una carta de requerimiento y una solicitud de registros al amparo de la Ley de Registros Públicos de California, a raíz del reciente reportaje del Point Reyes Light según el cual la MCSO dio a agencias ajenas a California acceso a su base de datos de ALPR. Esto viola directamente la ley californiana y los términos del acuerdo de conciliación de 2022 en nuestro caso Lagleva v. Marin County Sheriff.

Los ALPR son cámaras que capturan imágenes de vehículos y suben su ubicación a una base de datos que se puede consultar y compartir. Son una tecnología de vigilancia masiva que recopila datos de forma indiscriminada sobre todos los vehículos que circulan por la vía pública.

Compartir datos de ALPR con agencias de otros estados o federales, por cualquier motivo, viola la ley de California (SB 34). Si esos datos se comparten con el fin de colaborar con la aplicación de leyes migratorias, las agencias infringen además otra ley californiana (SB 54).  

Sin embargo, los registros de auditoría de la red obtenidos por el Point Reyes Light muestran que, durante los últimos meses de 2024, la Oficina del Alguacil del Condado de Marin compartió datos de ALPR con múltiples agencias de otros estados y federales, incluso 254 131 veces solo en noviembre de 2024. Muchas de estas búsquedas fueron realizadas por fuerzas del orden de estados que imponen restricciones severas a la atención de salud reproductiva y que tienen antecedentes de colaborar con el ICE, como Alabama, Indiana, Kentucky, Florida y Texas.

Este intercambio violó la ley estatal y “expuso información sensible sobre la ubicación de los conductores a un uso indebido por parte del gobierno federal y de estados que carecen de las sólidas protecciones de privacidad de California”, explica la carta.

No es la primera vez que la MCSO comparte información de ALPR del condado de Marin con agencias federales y de otros estados en violación de la ley de California.

En 2021, en nombre de activistas comunitarios, la EFF y la ACLU demandaron al Alguacil del Condado de Marin por compartir ilegalmente millones de números de placa y datos de ubicación de conductores locales con cientos de agencias federales y de otros estados, entre ellas el ICE y la Patrulla Fronteriza.

Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo, en virtud del cual el Alguacil se comprometió a dejar de compartir información de placas y de ubicación con agencias fuera de California, para cumplir con las leyes estatales SB 34 y SB 54.

“El informe de auditoría de noviembre de 2024 de la MCSO demuestra que su oficina ha violado no solo la SB 34, sino también los términos del acuerdo de conciliación de Lagleva”, explica la carta.

La EFF y la ACLU instan a la MCSO a realizar una auditoría exhaustiva de su base de datos de ALPR, a establecer nuevos protocolos de cumplimiento y a imponer sanciones a cualquier empleado que comparta información de ALPR fuera del estado.

“Si bien su oficina afirma haber tomado medidas deliberadas para desactivar las capacidades de acceso a datos a escala nacional y para asegurar que su sistema funcionara con estrictas salvaguardas de privacidad, no ha explicado cómo, a pesar de ello, agencias externas obtuvieron acceso, cómo piensa evitar futuras violaciones de la SB 34 y del acuerdo de conciliación de Lagleva, ni por qué no tomó medidas para informar al público y al Inspector General del Condado de Marin cuando se enteró de la vulneración”, señala la carta.

Como hemos demostrado una y otra vez, muchas agencias de California siguen ignorando estas leyes, lo que expone información sensible sobre la ubicación a usos indebidos y pone en riesgo a comunidades enteras. Mientras las agencias federales continúan con violentas redadas del ICE y muchos estados aplican restricciones severas y draconianas al aborto, la tecnología de ALPR ya se está usando para vigilar y perseguir a personas inmigrantes y a personas que buscan abortar. Estos incidentes han dejado claro que los programas de ALPR son incompatibles con la protección de los residentes. Las agencias de California, incluida la Oficina del Alguacil del Condado de Marin, tienen la obligación de proteger los derechos de los californianos, incluso cuando otros estados o el gobierno federal no reconocen esos derechos. 

Consulta la carta completa aquí: https://www.eff.org/document/20261001-letter-aclu-norcal-and-eff-marin-sheriff